Edicion Uno
Editorial / Opinión

Cartas al intendente

02-04-2002

Carta del CICAE al intendente
El día miércoles, el CICAE y la Socie-dad Rural remitieron nota al Sr. Intendente Rafael De Pace, que a continuación se transcribe:
"El Centro de Industria, Comercio y Afincados del Departamento las Colonias y la Sociedad Rural de Las Colonias, en el cumplimiento de su misión gremial empresaria, se dirigen a Ud. en relación a la Ordenanza de Adhesión a la Ley Nacional Nº 24.051.
En primer término creemos que la sanción de dicha Ordenanza no respeta el ordenamiento normativo. Esperanza debería suscribir leyes y disposiciones vigentes a nivel provincial, o en su defecto gestionar por la sanción y reglamentación de las mismas si no existieren.
Esta situación coloca a Esperanza –comunidad que ha demostrado una profunda preocupación por el medioambiente como muy pocas, concretando en hechos dos plantas de tratamiento de efluentes y una de reciclado de residuos- en fuerte desigualdad frente a otros distritos de la provincia, muchos de los cuales, con altos niveles de actividad industrial, no cuentan con mínima infraestructura de preservación ambiental.
La aplicación de la Ordenanza de adhesión a la Ley Nacional Nº 24.051, sumada a las marchas y contramarchas vinculadas a su sanción, podrían configurar un peligroso escenario de inseguridad jurídica para la ciudad, y a su tiempo afectarían la inversión, la producción en la ciudad y, por consiguiente, el futuro crecimiento de la actividad económica local.
No obstante, creemos imprescindible seguir trabajando, desde las esferas técnicas, en el correcto diagnóstico y tratamiento de los problemas ambientales en la ciudad. Sólo a través de un trabajo continuo de las autoridades provinciales y locales junto con las instituciones representativas de la ciudad, podrá avanzarse en forma cierta sobre el problema medioambiental, llevando información precisa a la comunidad y conciliando los intereses del desarrollo económico con el cuidado de nuestro medioambiente.
Por todo lo expuesto solicitamos a Ud.:
• Arbitrio de todos los medios a su disposición para evitar que la implementación de una cuestionada Ley como la 24.051, y particularmente su Decreto reglamentario Nº 831/93, perjudiquen a las empresas de la ciudad, en especial a las pequeñas y medianas, en momentos en que los sistemas productivos están siendo amenazados por un verdadero proceso de desintegración.
• Solicitud al Sr. Gobernador de urgente reglamentación de la Ley Provincial Nº 11.717.
• Presentación de Proyecto de comunicación al concejo Municipal para la solicitud desde dicho cuerpo legislativo al Poder Ejecutivo Provincial por la  reglamentación de la anterior ley.
Descontando una pronta y decisiva intervención de vuestra parte, hacemos propicia la ocasión para saludarlo cordialmente"
Esperanza , 26 de marzo de 2002
 
Carta de la ONG VIVIR al intendente
Texto completo de la nota enviada al Sr. Intendente Rafael De Pace, el día 18 de marzo de 2002.
"En virtud del derecho que nos asiste como ciudadanos, reclamamos a Ud. que no se convierta en un instrumento de obstrucción a lo ya sancionado por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, respecto a la adhesión directa a la Ley 24.051 y su Decreto Reglamentario.
Cumplimos en recordarle que 3.300 ciudadanos esperancinos solicitaron el 10 de agosto de 2001, a través de un petitorio confeccionado por la "Juventud Multipartidaria", que el Municipio avalara la realización de estudios serios de nuestro ambiente y respetara la voluntad expresada en la Constitución Nacional en su artículo 41 en donde se garantiza a todos los habitantes el derecho a vivir en un ambiente sano y apto para la vida humana, derecho claramente enunciado a través de la Ley Nacional 24.051 y su Decreto Reglamentario.
También recordamos que con fecha 14 de diciembre de 2001 se entregó por Intendencia un petitorio firmado por los manifestantes congregados en la marcha del día anterior (ya que se están realizando marchas de reclamo jueves a jueves sin interrupción desde septiembre de 2001) en donde se pide la adhesión directa a la Ley 24051 y se Decreto Reglamentario, y la realización de estudios ambientales serios.
Demás está decirle que el mandato principal de todo funcionario público es velar por el bienestar de su pueblo.
Mientras esperamos que sea una decisión política la que marque la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, la carencia de un marco legal apropiado permitirá que se siga atentando contra el derecho a la vida de las generaciones presentes y futuras.

Saludamos atentamente".


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